ONU: pueblos indígenas hacia su primera cumbr

ONU: pueblos indígenas hacia su primera cumbre

Por Víctor M. Carriba * Naciones Unidas (PL) Quinientos veinte años después de la llegada de los colonizadores al llamado Nuevo Mundo, indígenas de todos los rincones regresaron ahora a Naciones Unidas con reclamos por el legado que todavía sufren sus comunidades por aquella invasión.   Y para acelerar los preparativos de la primera Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas, a celebrarse en 2014 como colofón de más de cinco siglos de lucha en defensa de los derechos de todo tipo negados a esos conglomerados. Más de dos mil representantes de grupos autóctonos acaban de concluir dos semanas de debates en la sede del organismo mundial en Nueva York en la XI sesión del Foro Permanente para Asuntos de los Pueblos Indígenas. El tema central de las discusiones giró en torno al título "La doctrina del descubrimiento y su repercusión duradera en los pueblos indígenas y el derecho a recibir reparación por conquistas del pasado". Una de las pautas del intercambio la marcó la aimara chilena Hortensia Hidalgo al apuntar que los conquistadores europeos usaron la cruz y la espada para imponer su doctrina de un dios y un rey, obtuvieron la dispensa papal para cristianizar a los indígenas y crearon la noción de razas superiores e inferiores. Ellos invadieron los territorios indígenas, violaron de manera sistemática los derechos de sus pueblos, son los responsables del cambio climático y ahora hablan de economía verde solo para persistir en sus políticas de pillaje de la Madre Tierra, aseguró. El cónclave de la ONU acordó una recomendación que llama a los Estados a rectificar los errores causados por esa y otras doctrinas, en particular por la violación de los derechos de las comunidades originarias a la tierra, y a la restitución u otras formas de reparación. También ratificó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su denuncia a las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos por razones de origen nacional y diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales. Esas prácticas son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas, insistieron los delegados. Por esa vía, agregaron, los Estados han suprimido los derechos de los pueblos indígenas, los cuales tienen derechos colectivos a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado y exigieron el respeto a sus costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de la tierra. El punto forma parte de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada en septiembre de 2007 por la Asamblea General y cuyo quinto aniversario fue conmemorado durante la XI sesión del foro. El encuentro emitió otra recomendación sobre el derecho de esas comunidades a la soberanía alimentaria, el cual vincularon al reconocimiento colectivo de sus prerrogativas relacionadas con la tierra y los recursos, la cultura y la organización social. En ese sentido, instó a los Estados a facilitar el fortalecimiento de los sistemas tradicionales de alimentación, ratificando y demarcando los territorios indígenas para que puedan desarrollar mejor sus actividades de producción de alimentos. Asimismo, reclamó avanzar en las negociaciones para un instrumento legal internacional que garantice la protección efectiva del conocimiento tradicional indígena, las expresiones culturales, el folclore y los recursos genéticos. Por iniciativa del caucus latinoamericano, se propuso la adopción de una Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra, a partir de la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas de 2014. La sugerencia recordó que las poblaciones nativas son herederas de grandes civilizaciones y han conquistado con muchos sacrificios el reconocimiento de sus derechos en instrumentos jurídicos internacionales. Sin embargo, denunció que el actual modelo neoliberal vulnera los derechos de los indígenas y de la Madre Tierra, y reduce a los Estados a su mínima expresión, con la única tarea de dictar políticas que favorecen las inversiones, en especial en actividades extractivas. Como consecuencia de eso, los pueblos autóctonos padecen el despojo de territorios y bienes naturales, el desplazamiento forzoso, la contaminación ambiental, daños a la salud y la violación de sus lugares sagrados, según se explicó. Además sufren la imposición de modelos ajenos de desarrollo homogeneizador, depredador y represivo que ya evidencia su inviabilidad en múltiples crisis y el desconocimiento del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Ese ángulo de las discusiones apunta directamente a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) a celebrase el mes próximo en Río de Janeiro. Por todo eso, la cita de Nueva York instó a que la cumbre de 2014 discuta también sobre nuevos paradigmas, como "los Estados plurinacionales frente al Estado Nación en crisis y al cambio climático" y la noción del Buen Vivir como alternativa a la crisis y la llamada economía verde. Otro tema clave del encuentro analizó los problemas de la violencia contra las mujeres indígenas para acordar acciones dirigidas a la aplicación de planes con perspectiva de género con vistas a la protección de esas féminas. Llamó a combatir la trata de personas y todas las formas de explotación conexas e instaron a las comunidades autóctonas a denunciar las distintas formas de violencia contra sus mujeres. El objetivo es proteger a las víctimas, enjuiciar a los autores y evitar todas las formas de explotación, en particular la trata de personas, apuntó. Sobre este último aspecto, los expertos del foro ratificaron sugerencias previas para enfrentar el comercio de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución y otras referidas a la desaparición y asesinato de mujeres aborígenes. Igualmente se discutió en torno a prácticas culturales como la mutilación y la ablación genital femenina, el matrimonio con precio de la novia, el racismo y la discriminación. Solo restan dos años para la primera Cumbre de los Pueblos Indígenas, cuya organización debe contar con un importante protagonismo de esas comunidades y sus representantes, según advirtió el canciller de Bolivia, David Choquehuanca. El ministro, quien presentó propuestas concretas al respecto, dijo que esa cita debe analizar el cumplimiento de los objetivos trazados para el Segundo decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo (2005-2014) y el estado de implementación de la declaración de 2007. Esta última contiene 46 artículos, el primero de los cuales dice que "los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales". Y el segundo apunta que esas comunidades "son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas". *Jefe de la corresponsalía de Prensa Latina en Naciones Unidas.

El Problema de la Transición en Oaxaca

Eugenia Mata

IDEMO AC

Indudablemente que  el triunfo de Gabino Cué en el pasado proceso estatal, se explica en buena medida por el repudio y hartazgo de la ciudadanía ante una de las peores administraciones que ha tenido el estado de Oaxaca, en la pasada administración de Ulises Ruiz.

Pero desafortunadamente el bono de confianza depositado en el actual gobierno se ha venido desgastando y la expectativa de un cambio sustantivo parece alejarse, debido a la mala gestión de quienes suscribieron la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, así como por la falta de contundencia de la nueva administración para demostrar que dar pasos firmes en la atención de los asuntos estratégicos.

El problema de la transición gubernamental, no solo implica cambiar, sino tener claridad de hacia dónde se pretende llegar. Sabemos que los cambios no se producen de la noche a la mañana, sobre todo cuando existen estructuras de gobierno añejas, caracterizadas por la opacidad, la corrupción, el absoluto irrespeto a los derechos humanos. Pero de igual manera, creemos que la confianza que depositó la ciudadanía con su voto, merece que se impulsen decisiones, acciones y medidas, que dan un claro mensaje de que hay voluntad de cambio y de que nunca más se repetirán las injusticias y violaciones a los DDHH que vivimos.

Tampoco se debe obviar el hecho de que quienes perdieron el gobierno, siguen atizando las contradicciones sociales con el objeto perverso de “mostrar” la incapacidad gubernamental para resolverlas. En el actual proceso electoral, se vislumbran serios nubarrones del regreso de formas de ejercer la política y ser gobierno, independientemente del signo partidario de que se trate.

Entre las graves situaciones que se siguen dando en Oaxaca, destaca:

El avance de los proyectos de minería, explotación de recursos naturales, proyectos eólicos e incremento de grandes cadenas comerciales, en manos de empresas trasnacionales, que han contado con el rechazo de la población, tanto por la falta de consulta, de información específica, de desigualdad en los tratos y compromisos hacia las comunidades, así como las amenazas o asesinatos de dirigentes, con el solapamiento de las autoridades municipales e incluso con su participación y peor aún, sin que se visualice el desarrollo y beneficio colectivo que éstas traerán a la sociedad en su conjunto.

El diseño, instrumentación y costo de obras que en algunos casos además de provenir de la administración pasada -como la Velaria del Cerro del Fortín- se insiste en no tomar la opinión de la sociedad sobre las mismas; y si bien obras como la pavimentación, el mejoramiento de las vías urbanas y carreteras son necesarias, la forma en que se operan, deja una sensación de reproducir los viejos vicios o malos manejos sobre los costos,  la prolongación del tiempo para terminarlas con las consecuentes afectaciones en la población.

Un fenómeno preocupante, expresado por personal que trabaja en las diversas dependencias, es el no ejercicio de los recursos financieros tal y como están aprobados desde la fuente federal, lo que en algunos casos ha llevado a no pagar la nómina del personal y a que se tengan que operar sacrificando calidad y profundidad.

Indudablemente que un fenómeno doloroso, es el que se refiere a la violencia ejercida contra las mujeres  y la continuidad de los feminicidios, sin que hasta la fecha se haya podido revertir la numeralia.

Prevalece la impunidad de quienes atentan contra los derechos humanos o la indolencia por parte de los encargados de procurar justicia, cuando las víctimas acuden a denunciar los ilícitos que han sufrido. Ha pasado ya más de un año de este nuevo gobierno y todavía los principales responsables de la represión e ingobernabilidad que vivimos en el anterior sexenio, siguen libres.

Por último, pero no menos grave, es la situación de rezago social que vive la población oaxaqueña, lo que nos ha colocado según datos del CONEVAL en 2010, dentro de los estados con mayor rezago, a la par de Guerrero y Chiapas.

Como ciudadana responsable y preocupada, pues no pertenezco a ningún partido político, me parece que la participación ciudadana abona a la construcción de una sociedad democrática y es necesario que aportemos de manera activa y propositiva para modificar el ejercicio de gobierno o las circunstancias que afectan negativamente al conjunto de la sociedad.

Entre los retos urgentes a atender están:

• El fortalecimiento de los mecanismos de información, consulta y participación de la sociedad oaxaqueña, por parte del gobierno estatal, para recoger sus  opiniones y propuestas, pero también para que rinda cuentas sobre las acciones que emprende.

• La atención inmediata a todos los casos de violaciones a derechos humanos rezagados y vigentes, así como la aplicación de justicia a los culpables y la reparación del daño a las víctimas.

• Una evaluación profunda del desempeño del personal que labora en las distintas dependencias de ejecutivo, sus resultados y cumplimiento de lo planteado en el Plan Estatal de Desarrollo, para que no antepongan sus intereses particulares o partidarios y actúen en función de la población a la que se deben. A la vez capacitarles para que diseñen y operen políticas con una perspectiva de DDHH, de equidad y transparencia.

• Se requiere de un legislativo que de igual manera no obedezca a sus intereses partidarios- y cumpla cabalmente con su quehacer, para sentar las bases de un verdadero Estado de derecho, lo que implicará a su vez, revertir el gran rezago y/o la ausencia de leyes que coloquen en el centro de sus enunciados, el respeto y ejercicio de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad oaxaqueña.

El actual gobierno, tiene la oportunidad de re dignificar el ejercicio del poder y de reconocer al conjunto de la sociedad, pues el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos, no es una mera retórica, sino una expectativa real y posible.